Noticias diciembre 8 – 27, 2024
Dinastía Ortega, poderes sin límites
Recientemente, el régimen de Daniel Ortega otorgó nuevamente a Laureano Ortega Murillo plenos poderes para negociar y firmar acuerdos internacionales en representación del país. Según el decreto publicado, Laureano está facultado para establecer convenios culturales y educativos con instituciones rusas, como el Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú y la Academia de Ballet Vaganova. Este movimiento consolida a Laureano como figura clave en la diplomacia nicaragüense, un papel que ha venido fortaleciendo en años recientes al encabezar negociaciones de inversión y relaciones estratégicas con aliados como Rusia y China.
Aunque Laureano se ha convertido en el rostro visible del régimen en el ámbito internacional, no es el único miembro de la familia Ortega-Murillo que concentra poderes. Camila Ortega Murillo, hermana de Laureano, lidera la Comisión Nacional de Economía Creativa, desde donde coordina proyectos relacionados con cultura, comunicación y tecnología. En meses recientes, se le han asignado responsabilidades en acuerdos internacionales vinculados a la promoción de programas creativos y tecnológicos, reforzando su influencia en la estrategia publicitaria del régimen.
Mauricio Ortega Murillo, otro de los hijos de la pareja presidencial, desempeña un rol destacado en proyectos de infraestructura y energía. Se le considera un enlace esencial en las negociaciones con China, tomando decisiones sobre la ejecución de obras estratégicas que en otros contextos dependerían de organismos gubernamentales específicos.
Por su parte, Daniel Edmundo Ortega Murillo ejerce una creciente autoridad sobre las fuerzas policiales y de seguridad del país. Su supervisión directa en operativos represivos lo posiciona como una figura central en la estrategia del régimen para mantener el control político y extinguir cualquier oposición.
Estos movimientos revelan un patrón claro la familia Ortega-Murillo no solo consolida su poder en distintas áreas del gobierno, sino que también refuerza su estructura dinástica. Esto desvirtúa las instituciones públicas y concentra las decisiones más importantes en un círculo de poder, sin espacio para la transparencia o la rendición de cuentas. En definitiva, la reciente delegación de poderes no es un hecho aislado, sino una expresión más de cómo el régimen Ortega-Murillo fortalece un gobierno que prioriza los intereses familiares sobre las necesidades del país, debilitando aún más las frágiles estructuras democráticas de Nicaragua.
Nicaragua Lucha por el Control del SICA en la Corte Centroamericana
El Gobierno de Nicaragua decidió acudir a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) para resolver el estancamiento en el nombramiento del nuevo secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Según las autoridades nicaragüenses, algunos países miembros han bloqueado repetidamente la convocatoria para elegir al sucesor de Werner Vargas, quien renunció al cargo en noviembre de 2023.
Valdrack Jaentschke, canciller nicaragüense, presentó una consulta oficial ante la CCJ para que se emita una opinión sobre el caso. En la petición, Nicaragua argumenta que ha propuesto candidatos altamente capacitados en varias ocasiones, pero que otros Estados miembros se han negado a reunirse para deliberar, paralizando el proceso de elección. Las autoridades nicaragüenses calificaron esta postura como contraria al espíritu de integración regional que el SICA debería promover.
Desde que Vargas dejó vacante la Secretaría General, Nicaragua ha planteado una terna de candidatos liderada por Denis Moncada, exministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, no se ha alcanzado un consenso debido a las objeciones de algunos países que cuestionan la idoneidad de las propuestas, señalando posibles vínculos con el régimen de Daniel Ortega y preocupaciones sobre la imparcialidad futura del organismo.
La situación evidencia tensiones internas en el SICA, donde las diferencias políticas entre los gobiernos de la región han dificultado la integración y la cooperación. La presidencia temporal del organismo, actualmente en manos de Nicaragua, añade más complejidad, ya que algunos países temen que el nombramiento de un candidato alineado con el gobierno de Ortega pueda comprometer la neutralidad y credibilidad del SICA. El conflicto sobre el nombramiento del secretario general del SICA refleja las profundas divisiones políticas en Centroamérica. Nicaragua busca consolidar su influencia en el organismo, lo que ha generado resistencia de otros países. Este estancamiento no solo afecta el funcionamiento del SICA, sino que también pone en evidencia la fragilidad de la integración regional cuando los intereses políticos prevalecen sobre el propósito colectivo de cooperación.
Nicaragua pone a volar los Drones privados fuera del territorio
La Asamblea Nacional aprobó una nueva normativa conocida como “Ley para la Regulación y Empleo de Medios Aéreos, Navales y Terrestres No Tripulados” (Ley No. 1230), que prohíbe el uso y posesión de drones por particulares y organizaciones privadas en todo el país. Solo el Ejército, la Policía y el Ministerio del Interior están autorizados a operar estos dispositivos, siempre con fines relacionados con la seguridad y defensa nacional.
La ley también establece que cualquier excepción al uso de drones deberá ser aprobada directamente por la Presidencia de la República. Además, aquellas personas que actualmente posean drones deberán entregarlos al Ministerio del Interior en un plazo de 30 días tras la entrada en vigor de la normativa, enfrentándose a sanciones en caso de no cumplir con esta disposición.
Aunque Nicaragua ya tenía restricciones al uso de drones desde 2014, cuando el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil emitió regulaciones iniciales, esta nueva legislación refuerza las limitaciones, endureciendo las sanciones y ampliando el control estatal sobre estos equipos.
Esta medida limita el acceso a herramientas tecnológicas con potencial para la innovación y el desarrollo económico. También refuerza un entorno de control estatal y restringe la capacidad de la población para monitorear y documentar actividades de interés público. La Ley No. 1230 representa una estrategia del gobierno para centralizar el control sobre tecnologías que podrían ser utilizadas para la transparencia y la innovación.
Aunque los drones presentan riesgos legítimos para la seguridad, prohibir su uso generalizado parece más una medida de prevención política. En este contexto, para el presidente Daniel Ortega y su gobierno, la prohibición de los drones puede ser vista como una forma de consolidar su poder, limitando las posibilidades de que opositores utilicen esta tecnología para monitorear, documentar o difundir información que pueda retar su autoridad. En lugar de una prohibición estricta, habría sido más efectivo implementar regulaciones que permitieran el uso responsable de los drones, beneficiando tanto a la seguridad como al desarrollo social. Sin embargo, para Ortega, centralizar la tecnología y restringir el acceso a ella parece una estrategia para garantizar la estabilidad de su régimen, limitando la capacidad de la población para ejercer su derecho a la información y reforzando el control del Estado sobre el país.
General Avilés permanecerá al mando del Ejército hasta 2031
El 21 de diciembre el presidente Daniel Ortega emitió un acuerdo presidencial que extiende el mandato del general Julio César Avilés Castillo como Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua por un período adicional de seis años, desde el 21 de febrero de 2025 hasta el 21 de febrero de 2031.
Esta decisión se basa en una propuesta del Consejo Militar, que destacó el desempeño, méritos militares, profesionales y personales del general Avilés. Con esta extensión, Avilés acumulará 20 años consecutivos en el cargo, habiendo sido nombrado inicialmente en 2009 por Ortega.
La prolongación del mandato de Avilés se enmarca en una serie de reformas legales implementadas por la pareja presidencial para consolidar su control sobre las fuerzas armadas y la policía. En noviembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó reformas al Código Militar y a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, extendiendo de cinco a seis años los períodos de los jefes de estas instituciones.
La extensión del mandato de Avilés y las reformas asociadas son intentos de instaurar una dictadura familiar y heredar la sucesión del poder, consolidando aún más el control de Ortega y Murillo sobre las instituciones clave del país, limitando el cambio democrático y el control civil sobre las fuerzas armadas y la policía. Estas acciones refuerzan la percepción de un régimen autoritario que busca perpetuarse en el poder, socavando las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Nicaragua.
- https://100noticias.com.ni/nacionales/106622-herederos-dinastia-daniel-ortega-hijos-fsln/ ↩︎
- https://www.prensa-latina-cu/2024/08/28/nicaragua-reitero-importancia-de-elegir-secretaria-general-de-sica/ ↩︎
- https://www.radiohrn.hn/daniel-ortega-prohibe-drones-nicaragua-advierte-sanciones-2024-12-11 ↩︎
- https://nicaraguainvestiga.com/investigaciones-especiales/ ↩︎