Noticias julio 24-31, 2023
ESTADO DE DERECHO
| Este documento permite estar al día en las noticias concernientes al Estado de Derecho y comprender la manera en que las estructuras legales, institucionales y sociales interactúan para garantizar la igualdad, la justicia y los derechos fundamentales de sus ciudadanos. A través de este documento de carácter semanal, se arroja a la luz la efectividad y la aplicación de las leyes, así como sobre la integridad de las instituciones encargadas de administrar la justicia. En este documento, exploraremos detenidamente el estado de derecho en Nicaragua, analizando sus fortalezas, desafíos para obtener una visión completa y objetiva de la situación jurídica y social que impera en la nación. |
1Reformas Constitucionales
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reformó el artículo 97 de la Constitución de Nicaragua que lo que afectó significativamente la naturaleza y funciones de la Policía Nacional. Este cambio legal, aprobado con una abrumadora mayoría de votos a favor, refuerza aún más la subordinación de la institución policial al liderazgo de Ortega y elimina su carácter profesional, apolítico y apartidista. Esta modificación tiene implicaciones profundas en la estructura y misión de la Policía Nacional.
La reforma representa un cambio importante en la definición y rol de la Policía Nacional. Esto desplaza el enfoque preventivo, proactivo y comunitario que anteriormente guiaba a la policía, hacia un enfoque más coercitivo. Esta redefinición refleja un cambio de paradigma en la función y propósito de la policía, enfocándola en una dirección más orientada al control y la represión.
Los cambios legales están siendo impulsados por figuras afines al régimen, lo que refleja una voluntad deliberada de reconfigurar la policía para alinearla más estrechamente con los intereses y el control del gobierno.
En conclusión, esta reforma constitucional y la redefinición de la Policía Nacional en Nicaragua parecen estar dirigidas a consolidar aún más el poder y el control del régimen de Ortega y Murillo sobre las fuerzas de seguridad del país. El cambio elimina los elementos que históricamente han sido fundamentales para una policía profesional, apolítica y apartidista, lo que puede tener ramificaciones significativas para la democracia, los derechos humanos y la relación entre el gobierno y los ciudadanos.
Cambio de Fiscal General en Nicaragua
Ana Julia Guido ha sido destituida de su cargo como Fiscal General de la República debido a la expiración de su período. Durante su mandato, Guido demostró lealtad hacia el régimen al liderar la Fiscalía, una entidad que se ha utilizado como un instrumento de represión contra la oposición y cualquier forma de disidencia.
En una reciente sesión de la Asamblea Nacional, se aprobó la resolución número 1a-2023, que establece la creación de una Comisión Especial de Carácter Constitucional. Esta comisión se encargará de examinar y evaluar a los candidatos que aspiren al cargo de Fiscal General y Fiscal General Adjunto, que actualmente ocupa Julio González.
Conforme a la convocatoria emitida, las nominaciones de posibles candidatos deben ser presentadas por el Presidente de la República y por los diputados de la Asamblea Nacional.
Cabe mencionar que Ana Julia Guido fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos en octubre de 2020. Según informes, durante su gestión, Guido encabezó la formación de un grupo de fiscales que colaboraron estrechamente con la Policía Nacional designada para fabricar acusaciones infundadas contra presos políticos y sus familias. El gobierno estadounidense afirmó que esta unidad legal presentó cargos contra individuos detenidos por participar en protestas pacíficas, incluyendo a jóvenes que fueron arrestados por brindar agua a las madres en huelga de hambre de víctimas del régimen en Masaya, Nicaragua, en 2019.
La aprobación de una resolución por parte de la Asamblea Nacional para crear una Comisión Especial de Carácter Constitucional para seleccionar a los candidatos a Fiscal General y Fiscal General Adjunto podría ser interpretada como un intento de introducir un proceso de selección más transparente y participativo. Sin embargo, la convocatoria de candidaturas por parte del Presidente y los diputados podría plantear interrogantes sobre la neutralidad y la verdadera representatividad de este proceso.
La mención de las sanciones impuestas a Ana Julia Guido por Estados Unidos en 2020 sugiere una condena de la comunidad internacional como método de presión al país por la violación constant a los derechos humanos. Las acciones que tomó Estados Unidos podrían interpretarse como una forma de presión o condena a las violaciones de derechos humanos y abusos de poder denunciados por parte del gobierno.
Este cambio presenta indicios de un entorno político donde las instituciones judiciales están sujetas a la influencia del régimen gobernante, lo que posiblemente afecta la independencia y la equidad del sistema legal.
La creación de una comisión para seleccionar a los nuevos fiscales genera oportunidades para una mayor transparencia, pero también plantea dudas sobre la verdadera imparcialidad del proceso.
Aumenta la lista de funcionarios sancionados por el Departamento de Estado
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha sancionado a trece individuos nicaragüenses acusados de respaldar acciones que llevaron a confiscaciones de propiedades y dejaron a más de 300 opositores en estado de apatridia. Entre los sancionados se encuentran diputados sandinistas como Loria Raquel Dixon Brautigam, Arling Patricia Alonso Gómez y Gladis de los Ángeles Báez, así como Wendy Carolina Morales Urbina, la actual Procuradora General de Nicaragua y una de las principales artífices de las confiscaciones actuales.
Las sanciones se centran en individuos que socavaron procesos democráticos al participar en represalias coordinadas contra la ciudadanía opositora. Estos individuos fueron acusados de despojar de la ciudadanía nicaragüense a críticos y opositores del régimen de Ortega-Murillo, al tiempo que colaboraron en la confiscación de propiedades y activos.
Las sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos en Nicaragua se dirigen hacia una serie de individuos y funcionarios acusados de participar en acciones que socavan procesos democráticos y resultan en represión y confiscación de activos de opositores políticos. Estas medidas reflejan preocupaciones sobre el estado de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, plantean interrogantes sobre el ejercicio del poder y la legitimidad del régimen de Ortega-Murillo. Las sanciones también destacan la continua tensión en las relaciones internacionales de Nicaragua, lo que puede tener implicaciones significativas en el ámbito político y diplomático.
Devastadora tormenta gubernamental arrasa con Universidades en Nicaragua: cancelación de personería jurídica y confiscación de bienes
En un acto sin precedentes de poder desmedido, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua ha desencadenado una tormenta devastadora sobre la educación superior del país. Dos venerables instituciones educativas, la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King (UENIC) y la Universidad de Occidente (UDO), han sido arrasadas por la cancelación de su personería jurídica y la incautación de sus bienes. Este vendaval gubernamental acusa a estas universidades de múltiples transgresiones, desde incumplimiento de estándares hasta ofertar programas no autorizados, todo mientras miles de estudiantes quedan en el ojo del huracán.
La UENIC ha sido sumida en la oscuridad por acusaciones de “incumplimiento parcial” de normas de calidad y prácticas dudosas en la titulación. Se alega que esta institución, en su lucha por el lucro, incluyó logotipos ilegales y elevó los costos de titulación, desafiando las leyes. Mientras tanto, la UDO, con sus raíces profundas, enfrenta el viento feroz de acusaciones de falta de transparencia financiera y la oferta de programas prohibidos, dejando a su paso estudiantes desorientados y programas incompletos.
El impacto de esta tormenta es devastador. Con la cancelación y confiscación, el número de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) eliminadas en los últimos años se dispara a un asombroso total de 3719. De estas, 26 son universidades privadas, destacando la inquietante tendencia del régimen de Ortega-Murillo de silenciar y controlar la educación y el pensamiento independiente. Mientras los estudiantes son arrancados de sus aulas y bienes son arrebatados en medio de este vendaval gubernamental, la nación observa cómo la tormenta política amenaza con sofocar la diversidad educativa y la libertad académica.
En este siniestro panorama, las voces de protesta se alzan, y mientras las universidades caen, las preguntas se multiplican: ¿Hasta dónde llegará esta ráfaga autoritaria? ¿Cuántas más serán las víctimas de este vendaval de control estatal? Mientras el régimen de Ortega y Murillo deja un camino de destrucción, queda claro que la lucha por la educación y la libertad está lejos de terminar lo que conllevó un ladrillo más al detrimento del Estado de Derecho.
- https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/justicia ↩︎
- Imagen tomada de: https://noticias.asamblea.gob.ni/ ↩︎
- Imagen tomada de: https://nicaraguainvestiga.com/ ↩︎
- Imagen tomada de: https://100noticias.com.ni/politica/125445-eeuu-sanciona-funcionarios-nicaraguenses-apatridas/ ↩︎
- Imagen tomada de: https://www.lagaceta.gob.ni/la-gaceta-n%C2%BA-136-viernes-28-de-julio-de-2023/ ↩︎