Noticias febrero 3-16, 2024
Nicaragua, el refugio perfecto para quienes huyen de la justicia de su país
Una vez más, el régimen Sandinista hace gala de su autoritarismo dando refugio a expresidentes y otros funcionarios de otros países que huyen de la justicia al ser acusados de corrupción, para así escapar de la condena de cárcel en su país.
Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, empresario y político panameño, fue presidente de Panamá desde 2009 al 2014, en julio del año pasado, lo encontraron culpable del delito de blanqueo de dinero en el caso “New Business”, además, es sospechoso en un caso de intercepciones de teléfonos a opositores. Igualmente, también estaría ligado al caso Odebrecht. A inicios del presente mes, el Tribunal Supremo de Justicia de Panamá confirmó la sentencia de 10 años y seis meses de prisión en contra de Martinelli, por lavado de dinero. Además, ordeno pagar una multa de 19,2 millones de dólares.
Aún con la sentencia ejecutoriada, el 7 de febrero el régimen dictatorial de Daniel Ortega le dio asilo político al expresidente panameño por el “inminente peligro a su vida”, en la embajada de Nicaragua en Panamá, considerado territorio extranjero, donde el expresidente ya se encuentra instalado con sus enseres e incluso su mascota.
El proceso judicial en su contra, no le importó para aun así participar como candidato presidencial para las elecciones de 2024. Aunque, Martinelli está inhabilitado en virtud del artículo 180 de la Constitución de Panamá, que contempla que nadie podrá ser elegido presidente o vicepresidente si ha sido condenado por una pena igual o superior a cinco años “mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia”, Panamá no ha logrado hacer efectiva la inhabilitación por medio de la respectiva notificación a Martinelli por su presencia en “territorio nicaragüense”, ya que las leyes panameñas establecen que la notificación debe ser personal. Las autoridades electorales panameñas tienen prisa para inhabilitar a Martinelli, porque pronto se estarán imprimiendo las boletas electorales, en las cuales aún aparece la foto del expresidente panameño.
Por si fuera poco, el gobierno de Nicaragua solicitó al gobierno de Panamá, brindar seguridad para la salida y traslado de Martinelli hacia Nicaragua, solicitud que fue denegada.
Este asilo político ya fue criticado por Estados Unidos “La concesión de asilo por parte de Ortega-Murillo al ex presidente panameño Ricardo Martinelli en Nicaragua es otra medida más para socavar el Estado de derecho y subvertir la justicia”. Otra vez, el régimen de Daniel Ortega deshonra la dignidad nacional en Nicaragua.
El apoyo que reciben las personas por el régimen sandinista para burlar el sistema judicial notoriamente viola normas y principios de derecho internacional, de igual forma ya es un patrón del régimen dictatorial, que ha acogido a 130 aliados y prófugos de la justicia, convirtiendo a Nicaragua un refugio de corruptos y criminales que evaden la justicia en sus países de origen, incumpliendo las leyes migratorias nicaragüenses. Es importante aclarar que no es que esté dando asilo por los riesgos políticos que corren estas personas, sino protegiendo delincuentes, una gran ironía al ver la cantidad de personas que han perdido su nacionalidad con estos actos injustos del gobierno, sin igualdad ante la ley con una perpetua impunidad.
La confiscación indiscriminada de bienes en Nicaragua no se detiene y el Régimen Sandinista no rinde cuentas a la población sobre el destino de los mismos
En los últimos días, el régimen sandinista confiscó más de 2 propiedades, dentro de las cuales se encuentra un hotel de la familia del exmagistrado Rafael Solís (Casa Blanca) y un condominio propiedad de la familia Chamorro desde los años 60. También cerró el negocio conocido como “pastelería Margarita” que cuenta con sucursales por toda Managua, por una multa equivalente a $600,000.00 impuesta por la alcaldía de Managua. La policía, sin mostrar la documentación oficial o notificación, asaltó los bienes y expulsó a los empleados y personal argumentando que era orden de la Procuraduría General de la República, ocupando estas propiedades de forma permanente.
Cientos de propiedades han sido expropiadas por la dictadura desde el 2018, tomando propiedades de personas despojadas de su nacionalidad, exiliados, de la iglesia católica, presos políticos, empresarios, organizaciones no gubernamentales, opositores… toda aquella persona física o jurídica que vaya en contra del pensamiento del régimen, demostrando la impunidad con la que actúa. Cometiendo ilegalidades con la persecución y venganza política, sin tener consecuencias o siquiera rendir cuentas.
El artículo 44 de la Constitución de la República prohíbe de forma taxativa la confiscación de bienes, pero esto no impide que siga siendo una práctica recurrente de la dictadura como una forma más de represión. Se puede llegar a decir que estas confiscaciones son un robo ya que no hay un asidero legal que permita ejecutarlas y lo más complicado es que nadie está exento del riesgo de que la pareja presidencial tome sus propiedades y bienes. Para terminar con estas arbitrariedades es necesario un proceso de reparación que devuelva las propiedades, pero por el momento todos están a la deriva de la ambición de la familita Ortega y Murillo de usar y acumular fortuna.
