Noticias marzo 5-18, 2024
Nicaragua es testigo de las nuevas reformas a la Constitución Política “con la aprobación de la Ley de Digesto Jurídico Nicaragüense, quedan consolidadas las reformas constitucionales de los artículos 21, 97, 138, 159 y 165”
Los Padres de la Patria aprobaron la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia Constitucional y Otras Normas Fundamentales, con el objetivo principal de incorporar las reformas constitucionales aprobadas en los artículos 21, 97, 138, 159 y 165.
Recordemos que la reforma del artículo 21 se aprobó, inicialmente, con la finalidad de despojar de nacionalidad a presos políticos y otros ciudadanos que muestren señales de opositor. El artículo 97 fue reformado para sancionar con hasta tres años de cárcel a los policías desertores de la Policía Nacional; eliminando también el precepto de que la Policía es una institución “profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante” y de naturaleza civil, y se estableció que su jefe supremo es el presidente de la República. La reforma del inciso “d” del artículo 138, elimina la facultad de la Asamblea Nacional de elegir al procurador y subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, pasando esta facultad a la Procuraduría General de la República, y subordinándolo a éste. La reforma al artículo 159 de la Constitución Política le quita atribuciones al Poder Judicial. Con relación a la reforma del artículo 165 de la Constitución Política, establece la creación del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.
Todas estas reformas se realizaron de manera expedita sin cumplir con los requerimientos y procesos de ley establecidos. Según la dictadura, estas reformas brindan fortalecimiento y seguridad jurídica en materia constitucional, seguramente la seguridad a la que se refieren es para que exista una mayor opresión hacia los nicaragüenses, ahora legalizada con rango constitucional.
Es importante estar claros que con esta Constitución actualizada no se fortalece el estado democrático sino más bien se fortalece la tiranía y arbitrariedad con la que toma decisiones el régimen Ortega-Murillo.
El Fondo Verde para el Clima suspende ayuda millonaria hacia Nicaragua
En el año 2021 el Fondo Verde para el Clima, que depende de las Naciones Unidas, suscribió un acuerdo de financiamiento para el proyecto Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas BOSAWÁS y Río San Juan, en Nicaragua, por un monto total de 116 millones de dólares. El Fondo Verde aportaría 64 millones de dólares, de los cuales 38 millones serían de préstamo y 26 millones como donación. Por su parte, el BCIE financiaría 44 millones a través de su Programa de Reducción de la Pobreza y la Exclusión Económica y Social. Además, una donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente por 8 millones de dólares.
Sin embargo, hace unos días el Fondo Verde rescindió el Acuerdo de Actividad Financiada para el proyecto, por el incumplimiento de las políticas y procedimientos sobre medidas de protección ambientales y sociales. La decisión fue tomada por la secretaría del Fondo Verde, después de que con una investigación y evaluación, diera con los casos de incumplimientos que constituyeron violaciones legales de los acuerdos legales.
El objetivo del proyecto era contribuir al desarrollo sostenible con bajas emisiones de CO2 en Nicaragua, con la transformación de la ganadería extensiva, la agricultura y la explotación maderera, y así aumentar la resiliencia de los pueblos indígenas y los medios de vida locales en la Región Caribe de Nicaragua.
Sin embargo, los nicaragüenses actuaron en defensa de sus derechos, y en el año 2023 el Fondo Verde recibió una denuncia que alegaba la falta de consulta adecuada con las comunidades indígenas y afrodescendientes, el incumplimiento de normas, para lo cual iniciaron una investigación. Por lo que, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima decidió bloquear los fondos del proyecto. Además, dio un plazo de 120 días al régimen para subsanar las inconsistencias y le recomendó la ejecución de una consulta libre, para identificar un actor independiente que supervisara las acciones del proyecto y el uso transparente de los recursos.
Por eso, inició el Plan de Consultas y Consentimiento Libre que supuestamente abarcó 23 territorios indígenas y afrodescendientes vinculados al proyecto. Sin embargo, pronto denunciaron que el Gobierno de Nicaragua había simulado consultas para intentar obtener esos desembolsos multimillonarios. El presidente de la Fundación del Río, el nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, explicó que la simulación de consultas cubrió un 4 % de las 140,716 personas que habitan en los 23 territorios indígenas del Caribe, y los consultados fueron solo personas afines al Gobierno o no originarios de la zona. Esa consulta fue rechazada por comunidades indígenas, que denunciaron que durante el proceso la zona estuvo militarizada presionando para firmar su participación. Asimismo, organizaciones opositoras en el exilio pidieron al Fondo Verde que no autorizara el desembolso millonario para el proyecto, bajo el argumento de que al llegar a manos de la dictadura Ortega-Murillo, sería utilizados para dar continuidad a las constantes violaciones de derechos humanos en los territorios indígenas de la Costa Caribe del país.
Pero el régimen al ver su falta de financiación no tardó en mencionar que la cancelación fue a través de procesos “no transparentes y no éticos”, ya que argumentan haber sido ejemplares en la misión de cuidado de la Madre y consecuentes con el reconocimiento de los derechos de propiedad de las comunidades originarias y afrodescendientes. Desde el punto de vista del régimen dictatorial el Fondo Verde violentó los principios y acuerdos suscritos ante la comunidad internacional, y no dudó en exigir que se diera el desembolso… Demostrando claramente que es un golpe duro para llevar a cabo sus arbitrariedades.
A pesar del deterioro democrático el Banco Centroamericano de Integración Económica continuará con el apoyo financiero a Nicaragua
Tres meses después que Gisela Sánchez fuera nombrada como presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), anunció un cambio en el rumbo de los préstamos y mencionó que frenarían los préstamos a Nicaragua y a El Salvador, por haber superado los límites de los créditos que pueden recibir de dicho banco. Para poner en contexto, la concentración de la cartera de créditos en Nicaragua es de un 22%, hasta el año 2022 Nicaragua obtuvo US$1,408.7 millones en préstamos del BCIE.
Dante Mossi, el conocido banquero que ayudaba al régimen de Daniel Ortega desde el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) entre los años 2018-2023, no tardó en pronunciarse después de ser criticado por financiar a Daniel Ortega con préstamos millonarios y de defender su modelo de gobierno. Mossi dijo que cada país fundador del BCIE (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), tienen derecho a una cuota anual de 800 millones de dólares, por lo que, según Mossi nunca hubo favoritismo hacia Nicaragua.
Los Ortega-Murillo rápidamente se mostraron bastante preocupados y no dudaron en reclamar, tomando en cuenta que el BCIE es su única fuente formal y segura de recursos… porque con la dictadura que han ido desarrollando en todos los años que llevan en el poder, sería inaudito que otro ente quisiera apoyar a este régimen opresor.
A pesar de todo, a la semana siguiente el BCIE aclaró en una nota que continuará con el apoyo hacia Nicaragua, ya que su objetivo como banco de desarrollo es servir a todos los países miembros, para enfocarse en implementar proyectos que transformen positivamente la vida de los centroamericanos, sin embargo, en Nicaragua ese apoyo se ve desvirtuado desde el momento que el dinero llega a manos del régimen Ortega-Murillo.
Sin importar la poca transparencia en el manejo de los recursos y las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, el BCIE aun considerará este apoyo continuo como algo positivo para atender los principales desafíos para el desarrollo sostenible de Centroamérica.