Noticias julio 2-16, 2024
Silencio forzado para Radio María y otras entidades
El 9 de julio de 2024, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, canceló la personería jurídica de 15 organizaciones, incluyendo Radio María, una emisora católica. El régimen justificó esto por la falta de presentación de estados financieros entre 2019 y 2023 y el vencimiento de la junta directiva de Radio María en noviembre de 2021. El cierre de Radio María es visto como una estrategia de represión contra organizaciones de la sociedad civil y la iglesia católica.
Desde el año 2018, el régimen ha clausurado más de 3,600 organizaciones sin fines de lucro y confisca regularmente propiedades de estas entidades además de congelar los activos que pasan a manos del régimen, con el objetivo de oprimir cualquier forma de disidencia y consolidar el control sobre diversos sectores de la sociedad. Además de Radio María, otras organizaciones afectadas incluyen asociaciones cristianas, clubes deportivos y entidades de apoyo comunitario.
La cancelación de la personería jurídica de Radio María y otras organizaciones en Nicaragua representa el ataque continuo a la libertad de expresión y la liberta de asociación. La emisora no solo ha sido clausurada, sino que también fue objeto de acoso y manipulación, con la transmisión de discursos oficiales en lugar de su programación habitual. Por otro lado, la confiscación de bienes de estas organizaciones y su traspaso al Estado es preocupante, despojan a las organizaciones de sus recursos y anulan su capacidad de operar. Estas acciones no solo violan los derechos fundamentales de los nicaragüenses, sino que también debilitan la democracia.
Régimen Sandinista suma a la crisis con el aumento de cobros ilegales en trámites públicos
Se ha reportado un aumento en los cobros ilegales por parte del régimen de Daniel Ortega en diversos trámites, afectando tanto a ciudadanos como a instituciones religiosas y financieras.
Uno de los casos más destacados es el cobro ilegal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las iglesias católicas y evangélicas. A pesar de que estas están exentas de este impuesto según el Decreto 3-95, tal como se establece en el artículo 6 de ese cuerpo normativo, varias iglesias han recibido notificaciones de cobro. Este accionar busca asfixiar económicamente a estas instituciones bajo la amenaza de embargo. Además, se han documentado prácticas abusivas en el sistema financiero. Usuarios han denunciado que bancos y microfinancieras continúan realizando cobros en horarios no autorizados, utilizando métodos invasivos como llamadas a altas horas y mensajes constantes, a pesar de las regulaciones que prohíben estas prácticas. Las normativas vigentes establecen horarios específicos para las gestiones de cobro, y cualquier infracción puede resultar en multas significativas para las instituciones financieras.
El régimen también ha implementado cambios en los trámites migratorios, exigiendo que todos los procesos sean gestionados a través de una plataforma en línea, lo cual genera críticas por la falta de transparencia y posibles cobros adicionales no justificados. Esto genera un clima de inseguridad económica y social entre los nicaragüenses.
Además, lo anterior puede considerarse una forma de extorsión. La extorsión implica obtener algo, especialmente dinero, mediante amenazas o la coerción. El régimen de Daniel Ortega ha sido acusado de implementar cobros ilegales y abusivos, ejerciendo presión bajo la amenaza de embargos y otras sanciones. Estas prácticas buscan generar ingresos adicionales para el régimen y mantener el control sobre diversas instituciones y ciudadanos mediante tácticas coercitivas, lo que claramente se alinea con la definición de extorsión. Asimismo, es un claro abuso de poder y una estrategia de asfixia económica.
Censo Nacional en caos
El Censo Nacional de Población y Vivienda 2024 es considerado un fracaso debido a una serie de problemas y desconfianzas. En un inicio la población temía que la información recopilada fuera utilizada para aumentar la vigilancia y el control por parte del régimen dictatorial. Los encuestadores, que iban escoltados por la policía y portaban símbolos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), contribuyeron a esta desconfianza. Además, hubo retrasos en la recolección de datos. Las críticas también se dirigieron a la calidad de los datos recopilados, y se sospechó de posibles manipulaciones y corrupción.
La situación del Censo Nacional refleja una crisis de confianza entre la población y el gobierno de Ortega. Un censo nacional debería ser un proceso transparente y apolítico, con el objetivo de mejorar las políticas públicas y el bienestar de la población. Utilizar el censo como herramienta de control político perjudica la seguridad y certeza de los ciudadanos en su relación con el Estado.
El Censo debió finalizar en el mes de Junio 2024, sin embargo continúan las visitas casa a casa en diversos barrios del país.
Nicaragua liberará a 1,500 presos, ignorando peticiones de la CIDH
El gobierno nicaragüense anunció que liberará 1,500 presos comunes el 19 de julio. Esta medida coincide con la celebración del aniversario de la Revolución Sandinista, que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979. La liberación forma parte de una tradición que el gobierno de Daniel Ortega ha mantenido en los últimos años, utilizando esta fecha para anunciar indultos y liberaciones de prisioneros. A pesar de esta liberación masiva de presos comunes, el gobierno nicaragüense retiene a 138 individuos considerados “presos políticos”. La CIDH y otros organismos internacionales han insistido y reclamado al gobierno de Ortega a liberar a estas personas y a poner fin a la represión, sin embargo, al liberar solo presos comunes y no políticos, el gobierno intensifica las preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, especialmente con los informes que existen de detenciones arbitrarias, juicios injustos o condiciones inhumanas en las cárceles.
La excarcelación de presos comunes conlleva una gran preocupación por el aumento de la delincuencia y de los feminicidios en el país. Liberar a prisioneros sin un plan adecuado para su reintegración puede tener consecuencias negativas para la seguridad pública, y más en un contexto donde la violencia de género ya es una preocupación.
La liberación de diferentes prisioneros, puede ser un intento de calmar la presión internacional y las críticas de organismos de derechos humanos, sin abordar las demandas fundamentales de liberar a los presos políticos. Lo cual podría afectar la reconciliación nacional y la estabilidad política en el país.
Esta acción podría aumentar la presión internacional sobre Nicaragua y afectar sus relaciones diplomáticas con otros países y organizaciones internacionales que promueven los derechos humanos y la democracia, demostrando el régimen su autoritarismo y falta de transparencia nacional e internacionalmente.
Leila Khaled, símbolo de resistencia, celebrará el 19 de julio en Nicaragua
Leila Khaled, la icónica guerrillera palestina conocida por su participación en secuestros de aviones en los años 70, fue invitada como oradora principal para la celebración del 19 de julio en Nicaragua. Esta fecha conmemora el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979.
La invitación de Leila Khaled refleja un intento del gobierno nicaragüense de legitimarse a través de figuras históricas revolucionarias. Asimismo, se considera que resalta el apoyo y solidaridad a Palestina.
Khaled es considerada un símbolo de resistencia y lucha contra la opresión, sin embargo, su presencia en el país puede ser visto como una presencia preocupante debido a su pasado controversial y los actos de terrorismo en los que estuvo involucrada, lo que revela un reconocimiento por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de métodos violentos para resolver conflictos.
Su visita puede generar tensiones diplomáticas, especialmente con países que tienen una postura firme contra el terrorismo, lo que genera implicaciones en la política internacional. La visita puede fortalecer la relación con otros movimientos y países que apoyan la causa palestina, al mismo tiempo que podría aislar a Nicaragua de países que consideran a Khaled una figura inaceptable debido a su pasado.
Incremento en la concentración de Poder
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), eliminando la entidad y transfiriendo sus funciones a la Procuraduría General de la República. Esta medida centraliza el control sobre los asuntos municipales bajo el poder ejecutivo. La derogación del INIFOM, que había sido responsable de promover el desarrollo municipal desde su creación en 2000, genera mayor concentración de poder y falta de autonomía de las municipalidades.
La Procuraduría ahora asumirá responsabilidades relacionadas con finanzas municipales, asesoría legal e inversiones, así como la planificación y evaluación de estrategias municipales.
Al asumir las funciones del INIFOM, la Procuraduría concentra más poder en manos del gobierno, mayor supervisión y control, afectando la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión municipal.
La transferencia de las funciones del INIFOM a la Procuraduría General de la República socava la autonomía local y debilita las estructuras democráticas en el ámbito municipal. El gobierno continúa con su esfuerzo de consolidar el control gubernamental y de limitar la descentralización del poder en Nicaragua.
- https://radiomariacol.org/dictadura-de-nicaragua-cancela-personalidad-juridica-de-radio-maria-junto-a-varias-iglesias-catolicas/ ↩︎
- https://nicaraguainvestiga.com/politica/147740-extersion-otra-forma-dictadura-flagela-poblacion-denuncia-urnas-abiertas/ ↩︎
- https://confidencial.digital/opinion/somos-mas-de-90-presos-politicos-y-no-somos-solo-una-cifra ↩︎
- https://www.laprensani.com/2024/07/11/politica/3345605-leila-khaled-visitara-19-julio-nicaragua ↩︎
- https://www.articulo66.com/2024/07/12/dictador-daniel-ortega-inifom-pgr-gobiernos-locales-alcaldias/ ↩︎