Noticias 3-17 agosto, 2024
El cierre de Organizaciones Civiles continúa, Ortega cancela personalidad jurídica de Cáritas Matagalpa
El gobierno de Daniel Ortega canceló la personalidad jurídica de la Asociación Diocesana Cáritas de Matagalpa y de otras 14 organizaciones sin fines de lucro. La medida, publicada en el diario oficial La Gaceta el 12 de agosto de 2024, afecta tanto a Cáritas como a diversas OSFL, incluyendo algunas cristianas.
Las razones oficiales para esta decisión siempre son las mismas como es el caso del supuesto incumplimiento de obligaciones legales, o bien no presentar estados financieros en este caso en particular 2020 y 2023, y la expiración de la Junta Directiva de Cáritas en septiembre de 2022. Sin embargo, esta cancelación se da en un contexto de tensión que continúa entre el gobierno nicaragüense y la Iglesia católica, especialmente en la diócesis de Matagalpa, donde recientemente se han producido detenciones y expulsiones de sacerdotes.
Los bienes de Cáritas y de las otras organizaciones afectadas se ha dicho que serán transferidos al Estado nicaragüense, sin embargo el destino real de los mismos se desconoce.
Nuevamente un acto represivo por parte del gobierno de Daniel Ortega, las razones no oficiales oscilan en que Cáritas es una organización vinculada a la Iglesia católica, una institución que ha sido una voz crítica contra el gobierno nicaragüense. La diócesis de Matagalpa, en particular, ha estado en el centro de la atención debido a su obispo, Rolando Álvarez, quien ha sido un fuerte crítico del régimen de Ortega, sufrió persecución, incluyendo arresto domiciliario y exilio forzado. La cancelación de Cáritas podría verse como un intento de silenciar a una organización que no solo ofrece ayuda social, sino que también representa una plataforma moral y ética que ha desafiado al gobierno.
Además, dado el contexto de represión contra la oposición y cualquier forma de disidencia en el país, esta medida es otro pretexto para desmantelar organizaciones que son vistas como una amenaza para el control del régimen, habiendo cancelado más de 3,000 organizaciones sin fines de lucro desde 2018, muchas de ellas por razones similares.
Asimismo, la confiscación de bienes de estas organizaciones y su traspaso al Estado también refuerza el objetivo de debilitar a las organizaciones sin fines de lucro y consolidar el poder económico y social en manos del gobierno. Esto no solo priva a las comunidades más vulnerables de servicios esenciales, sino que también limita la capacidad de los ciudadanos para organizarse y resistir el autoritarismo.
El destino de las Relaciones Diplomáticas para Nicaragua es incierto
El 8 de agosto el gobierno de Brasil decidió expulsar a la embajadora nicaragüense Fulvia Patricia Castro Matus en respuesta a la expulsión del embajador brasileño Breno Souza da Costa por parte del gobierno de Nicaragua. Esta medida recíproca fue tomada después de que el embajador brasileño no asistiera a la conmemoración del 45 aniversario de la Revolución Sandinista el 19 de julio, un acto que agitó aún más las relaciones entre ambos países.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su gobierno interpretaron la expulsión como una represalia por la ausencia diplomática y respondieron de manera equivalente, ordenando la salida de Castro Matus, quien llevaba menos de tres meses en su cargo. Este conflicto incrementa el deterioro de la relación diplomática, especialmente tras los intentos de Lula de interceder por la liberación del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, lo que fue ignorado en su momento por el presidente nicaragüense Daniel Ortega.
La reciente expulsión del embajador de Brasil es un reflejo claro de la postura autoritaria de Daniel Ortega y de cómo está dispuesto a llevar al extremo su enfoque de gobierno, demuestra su intolerancia hacia cualquier acto que perciba como una falta de respeto y de lealtad a su gobierno.
Esta acción sugiere que Ortega no solo busca el control interno absoluto, sino que también espera una sumisión incondicional de actores internacionales en sus relaciones con Nicaragua. Al hacerlo, Ortega ignora las repercusiones diplomáticas que pueda tener, como la respuesta inmediata y recíproca de Brasil. Ortega de esta forma manifiesta su poca consideración por las normas diplomáticas y las relaciones internacionales que no le beneficien directamente.
La respuesta de Brasil, bajo el principio de reciprocidad, no solo es un acto defensivo, sino también una señal de que otros gobiernos no están dispuestos a aceptar pasivamente las provocaciones del régimen Sandinista. Esto podría marcar el inicio de un mayor aislamiento internacional de Nicaragua, ya que otros países podrían tomar medidas similares en respuesta a la creciente hostilidad de Ortega hacia la comunidad internacional.
Ortega parece estar operando bajo la premisa de que su poder dentro de Nicaragua es lo suficientemente fuerte como para desafiar y desestimar cualquier presión externa. Sin embargo, el aislamiento al que se está arriesgando podría tener consecuencias económicas y diplomáticas serias para el país. Este patrón de conducta es consistente con su trato hacia la oposición interna, la sociedad civil y la Iglesia católica…
El Estado reasigna bienes al Seguro Social Nicaragüense
Por medio de los Acuerdos Presidenciales del 132-2024 al 137-2024, Daniel Ortega, recientemente autorizó a la Procuraduría General de la República (PGR) la donación de más de 70 propiedades al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Estas propiedades, ubicadas en varios departamentos del país, pertenecían a opositores políticos desterrados y organizaciones sin fines de lucro, que fueron previamente canceladas por el régimen.
Entre las propiedades transferidas, una de las más destacadas es la isleta La Zompopera, en Granada, que pertenecía al exiliado Juan Sebastián Chamorro. Este acto fue denunciado como un “robo descarado”, especialmente porque muchas de estas propiedades fueron adquiridas legítimamente por sus anteriores propietarios. Ortega justifica estas transferencias como un medio para fortalecer la seguridad social en el país, aunque esta medida es vista por muchos como una forma de represión política y económica contra sus opositores.
El traspaso de propiedades al INSS ha sido una táctica recurrente del régimen para consolidar su control y castigar a quienes considera enemigos del Estado, generando críticas tanto dentro como fuera de Nicaragua.
Esto es claramente un mecanismo para legitimar la apropiación de propiedades privadas. Estas donaciones son una forma encubierta de expropiar bienes de forma que parezca legal, pero la realidad es que no se respeta los derechos de propiedad privada, socavando la confianza en las instituciones y procesos legales del país, sin transparencia con el abuso de poder característico del gobierno actual.
