Noticias agosto 18 – septiembre 2, 2024
Nueva Legislación represiva en Nicaragua “Ortega amplía su alcance con Reformas Punitivas al Código Procesal Penal”
La reciente propuesta de reforma al Código Procesal Penal en Nicaragua, promovida por Daniel Ortega y Rosario Murillo, está causando preocupación. Esta reforma no solo busca ampliar la persecución de delitos cometidos fuera del país, sino que también introduce un proceso masivo de confiscaciones. En total, se modificarían 27 artículos y se añadirían 16 nuevos, con penas que incluyen la prisión perpetua y la confiscación de bienes, estas ultimas han sido las medidas mas aplicadas por el régimen.
Uno de los cambios más impactantes es la introducción del “principio de universalidad”, que permite que las leyes penales nicaragüenses se apliquen a nacionales y extranjeros que hayan cometido delitos fuera del territorio nacional. Esto incluye delitos como el lavado de activos, terrorismo, ciberdelitos y cualquier falta contra la administración pública.
Como ocurrió desde el año 2018 estas reformas se utilizan para intensificar la persecución política y social, especialmente contra opositores al régimen y exiliados políticos. La amplia interpretación de lo que constituye un delito podría facilitar la represión de cualquier forma de disidencia.
En cuanto al proceso masivo de confiscaciones, el régimen de Ortega ha extendido estas acciones a empresarios, universidades, OSFL y personas particulares. Estas confiscaciones no solo afectan el desarrollo económico del país, sino que también generan inseguridad jurídica, desincentivando la inversión.
Esta propuesta parece ser un movimiento para consolidar aún más el poder del gobierno de Ortega, extendiendo su alcance más allá de las fronteras nacionales. La posibilidad de perseguir a opositores en el extranjero es preocupante, ya que podría representar un riesgo significativo para los derechos humanos y la libertad de expresión de aquellos que han salido del país. La legitimación de las confiscaciones masivas también indica una ampliación en la represión económica contra los opositores.
La decadente economía del régimen Ortega-Murillo obliga a imponer Impuestos a la Iglesia
El gobierno de Nicaragua, bajo el liderazgo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha implementado una reforma que obliga a las iglesias a pagar impuestos. Anteriormente, las instituciones religiosas estaban exentas del pago del Impuesto sobre la Renta (IR) para actividades económicas con fines religiosos. Sin embargo, con esta reforma se deroga el numeral 3 del artículo 32 de la Ley de Concertación Tributaria, las iglesias deberán declarar sus ingresos, incluyendo ofrendas, diezmos y limosnas, y pagar impuestos que pueden alcanzar hasta el 30% de sus ingresos anuales.
Esta medida que afecta la capacidad de estas entidades religiosas para financiar proyectos sociales y mantener sus parroquias. Además, se enmarca en un contexto más amplio de control y represión, donde el gobierno ha cerrado numerosas OSFL, muchas de ellas religiosas.
Esta reforma es un claro intento de reducir la influencia de la iglesia en la política, asfixiar financieramente a la iglesia y de castigar a aquellas congregaciones que han sido vocales contra las políticas de Ortega.
Imponer impuestos a las iglesias puede ser justificado en ciertos contextos, pero en este caso, parece ser un intento deliberado de silenciar a una de las pocas instituciones que aún mantienen una postura crítica frente al régimen. Esta medida podría debilitar el rol de la iglesia como un espacio de resistencia y refugio para muchos nicaragüenses, además de generar un mayor descontento social.
Solicitan Captura Internacional contra Ortega y Murillo
Un grupo de abogados en Argentina solicitó a la justicia de su país que emita una orden de captura internacional contra el presidente Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo. Esta solicitud se basa en una investigación por crímenes de lesa humanidad que se está llevando a cabo en Argentina.
Los abogados, encabezados por Darío Richarte, argumentan que Ortega y Murillo son responsables de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos. La solicitud se fundamenta en una gran cantidad de pruebas recopiladas durante meses de investigación, que, según los abogados, justifican plenamente la emisión de una orden de captura internacional.
Esta acción es un paso significativo en los esfuerzos para llevar a Ortega y Murillo ante la justicia internacional. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá en gran medida de la voluntad de la comunidad internacional para actuar. La emisión de una orden de captura internacional sería un fuerte mensaje, pero su ejecución es complicada, especialmente cuando se trata de líderes en funciones con poder significativo en su país.
Régimen Sandinista continua con el cierre de OSFL y esta vez deja a la infancia desprotegida
El gobierno de Nicaragua, bajo el liderazgo de Daniel Ortega, recientemente cerró la organización Save the Children Canadá junto con otras 168 Organizaciones Sin Fines de Lucro. Con esto se eleva a cerca de 5,600 el número de organizaciones sin fines de lucro disueltas desde las protestas populares de abril de 2018.
Esta vez, una de las organizaciones sin fines de lucro fue Save the Children Canadá, una organización internacional reconocida por su labor en favor de los derechos de los niños, el Ministerio del Interior de Nicaragua justificó el cierre de esta organización alegando que no había reportado sus estados financieros desde 2008 y que su junta directiva estaba vencida desde 2004. Otras organizaciones fueron cerradas por razones similares, como no haber presentado informes financieros durante varios años.
Este cierre es parte de un esfuerzo más amplio del régimen para eliminar cualquier voz disidente o cualquier organización que pueda criticar al gobierno o apoyar a la población en su resistencia contra el régimen. Además, el cierre de Save the Children Canadá es un golpe severo para la sociedad civil y la población vulnerable en Nicaragua. Save the Children ha estado involucrada en brindar apoyo a la infancia, uno de los grupos más afectados por la crisis social y económica en el país. Al cerrar estas organizaciones, el gobierno de Ortega no solo está sofocando la sociedad civil, sino que también está privando a miles de personas, especialmente a niños, de servicios esenciales como educación, salud y protección. Esto es alarmante porque el régimen parece estar priorizando su control político por encima del bienestar de su propia población.
Ortega desestima preocupaciones de la Unión Europea y las tacha de Injerencia
La Unión Europea (UE) ha expresado una fuerte preocupación por el cierre continuo de OSFL en Nicaragua, considerándolo como una clara señal de la escalada en la represión por parte del gobierno de Ortega. La UE ve esto como un ataque directo contra los derechos humanos y la libertad de asociación. En respuesta, Ortega ha desestimado estas preocupaciones, calificándolas como una nueva forma de injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua y reafirmando su posición de resistencia frente a lo que percibe como intervenciones externas en su soberanía.
En un discurso reciente, Ortega criticó duramente a la UE y a otros países europeos, acusándolos de tener una política intervencionista y colonialista. Los calificó de “fascistas” y “nazis”, y afirmó que no respetan la soberanía de Nicaragua. Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente aislamiento internacional del régimen de Ortega, que ha sido objeto de sanciones y condenas por parte de la comunidad internacional debido a la represión de la oposición y las violaciones de derechos humanos.
Ortega también arremetió contra Estados Unidos, acusándolo de querer “adueñarse” de Nicaragua y de apoyar a los opositores detenidos, a quienes calificó de “hijos de perra del imperialismo yanqui”. Estas declaraciones reflejan la postura desafiante del régimen frente a las críticas internacionales y su rechazo a cualquier forma de intervención externa. La postura de la UE es comprensible y refleja el compromiso de la comunidad internacional con la defensa de los derechos humanos y la democracia. Sin embargo, la respuesta de Ortega, rechazando estas preocupaciones como injerencia, es consistente con su narrativa de resistencia a las presiones internacionales, que utiliza para consolidar su control interno y justificar sus acciones represivas. Este rechazo a la crítica internacional no solo aísla aún más a Nicaragua en la escena global, sino que también crea un ambiente en el que es más difícil para la comunidad internacional intervenir de manera efectiva en apoyo del pueblo nicaragüense. La insistencia de Ortega en ver cualquier crítica como una intervención indebida impide el diálogo constructivo y bloquea las posibilidades de una resolución pacífica y negociada de la crisis en Nicaragua.
- https://www.articulo66.com/2024/08/30/persecucion-transnacional-nicaragua-reforma-codigo-penal/ ↩︎
- https://m.n.com.do/2024/08/23/gobierno-de-nicaragua-obligara-a-iglesias-a-pagar-impuestos/ ↩︎
- https://nicaraguainvestiga.com/politica/152953-piden-captura-internacional-ortega-murillo/ ↩︎
- https://www.articulo66.com/2024/08/29/nicaragua-cierra-169-oeneges-entre-ellas-save-the-children/ ↩︎
- https://100noticias.com.ni/politica/133748-regimen-nicaragua-ue-basta-injerencia-cierra-ong%=amp ↩︎