Noticias 3-18 septiembre, 2024
Régimen Sandinista Libera otro grupo de Presos Políticos
El 5 de septiembre, el régimen de Daniel Ortega liberó a 135 presos políticos tras una negociación con Estados Unidos. Diez días antes, la embajada estadounidense contactó a Guatemala para que acogiera a los excarcelados bajo un estatus humanitario, aprovechando su programa de movilidad segura que facilita la recepción de migrantes. La decisión fue rápidamente aprobada por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo. La operación se coordinó con agencias internacionales como ACNUR “Agencia de la ONU para los refugiados” y UNICEF “Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia”. A diferencia de casos anteriores, los liberados mantendrán su nacionalidad nicaragüense, aunque su estatus en Guatemala es temporal y pueden optar por trasladarse a otros países o quedarse en el país.
Entre los liberados se encuentran miembros de Organizaciones Sin Fines de Lucro, laicos católicos, estudiantes y otros individuos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consideraba una amenaza para su gobierno autoritario. La Casa Blanca ha señalado que esta acción se realizó por razones humanitarias, y los liberados fueron trasladados a Guatemala.
El gobierno de Estados Unidos ofreció apoyo adicional a los liberados, incluyendo atención médica, alojamiento, ropa y kits de higiene. Además, se les brindará la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos u otros países a través de la iniciativa de la Oficina de Movilidad Segura del presidente Joe Biden.
Esta liberación es vista como un paso importante hacia la mejora de los derechos humanos en Nicaragua y ha sido celebrada por diversas organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos.
Este es uno de los movimientos más recientes de Nicaragua para deshacerse de la presión internacional, permitiendo que opositores al régimen sean exiliados en lugar de encarcelados. La liberación de 135 presos políticos es un paso importante en términos humanitarios, aunque está claramente enmarcado en una estrategia política del régimen de Ortega para reducir la presión internacional, especialmente de Estados Unidos. La participación de Guatemala, al aceptar recibir a los presos, muestra un esfuerzo diplomático entre países para resolver esta crisis sin más confrontación directa. Sin embargo, sigue siendo preocupante que el régimen no busque una solución interna a las violaciones de derechos humanos, sino que exilie a quienes lo critican.
Represión hasta en el Mundo Virtual “Reformas en la Ley de Ciberdelitos”
La reciente reforma de la Ley Especial de Ciberdelitos en Nicaragua, aprobada este mes, endurece significativamente las sanciones relacionadas con el uso indebido de las tecnologías de la información. Inicialmente promulgada en 2020, la ley se ha utilizado para criminalizar a opositores políticos y periodistas, particularmente acusándolos de difundir “noticias falsas”.
La Ley de Reformas y Adiciones a la Ley de Ciberdelitos amplía las penas y la jurisdicción de la ley para incluir delitos cometidos tanto dentro como fuera del país, siguiendo el principio de universalidad permitiendo la persecución de autores materiales, intelectuales, cooperadores necesarios, cómplices, o cualquier persona que facilite la comisión de delitos, independientemente de su ubicación. Esta ley ahora permite perseguir y sancionar a quienes utilicen redes sociales y aplicaciones móviles para cometer delitos informáticos. Las penas de prisión se han incrementado, por ejemplo, la difusión de noticias falsas que provoquen alarma puede resultar en penas de tres a cinco años de prisión. Si la publicación incita a la discriminación, odio, violencia, o pone en peligro la estabilidad económica y social, la pena puede ser hasta de diez años de prisión. Además, la ley actualmente explícitamente incluye el uso de redes sociales y aplicaciones móviles como medios para cometer delitos informáticos.
Esta reforma, calificada como una “Ley mordaza”, busca aumentar el control gubernamental sobre el contenido que circula en internet y refuerza la represión del gobierno de Daniel Ortega contra cualquier forma de disidencia. Las consecuencias de esta ley incluyen una mayor criminalización de la libertad de expresión y el potencial incremento de los arrestos de quienes critiquen al régimen.
La reforma de la Ley de Ciberdelitos en Nicaragua es un claro instrumento de represión contra la disidencia. Aumentar las penas por “difusión de noticias falsas” y criminalizar el uso de redes sociales con penas de hasta 10 años refleja un uso desmedido del poder para limitar la libertad de expresión. Ortega busca controlar completamente el discurso público, no solo dentro de Nicaragua, sino también entre quienes se encuentran en el exilio, lo que es alarmante en términos de derechos humanos. Esta ley puede sofocar aún más la capacidad de los nicaragüenses para denunciar abusos y opinar libremente.
Los hechos actuales reflejan un patrón en el régimen de Ortega, usar la legislación como herramienta de control y reprimir cualquier tipo de oposición, mientras busca desviar la atención con gestos diplomáticos como la liberación de presos políticos.