Noticias octubre 21 – noviembre 5, 2024
El veto de Brasil a Nicaragua: consecuencias de un aislamiento político creciente
Durante la XVI Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), las aspiraciones de Nicaragua y Venezuela de unirse al bloque de economías emergentes fueron rechazadas, principalmente debido al veto de Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente brasileño, bloqueó el ingreso de ambos países alegando preocupaciones sobre la legitimidad política y tensiones diplomáticas.
La exclusión de Nicaragua de los BRICS pone en evidencia el creciente aislamiento político del régimen de Daniel Ortega en el plano internacional. Este rechazo no solo afecta la aspiración del país de pertenecer a un bloque que representa una alternativa al sistema económico, sino que también resalta el deterioro de sus relaciones con aliados potenciales.
El rechazo a Nicaragua también responde a conflictos bilaterales. Desde 2023, las relaciones entre ambos países se deterioraron, especialmente tras la expulsión de la embajadora nicaragüense en Brasil y el intento fallido de Lula de mediar por la liberación del obispo Rolando Álvarez.
Políticamente, la decisión brasileña refleja el descontento con las acciones autoritarias de Ortega, como la represión a opositores y el control absoluto de las instituciones. La expulsión del embajador marcó un punto crítico, mostrando que Nicaragua carece de flexibilidad diplomática para construir puentes con países clave en América Latina.
La pertenencia al bloque podría haber permitido a Nicaragua acceder a inversiones y acuerdos comerciales con economías emergentes como India y Sudáfrica, que están buscando expandir su influencia global. Además, el respaldo de los BRICS podría haber fortalecido la posición de Ortega frente a sanciones internacionales.
Esta situación resalta las limitaciones del régimen de Ortega en su política exterior. Aunque cuenta con el apoyo de Rusia, el veto de Brasil subraya cómo las alianzas estratégicas del gobierno nicaragüense están cada vez más restringidas, dejando a Nicaragua fuera de un escenario multilateral más amplio y con oportunidades diversificadas.
En consecuencia, el régimen enfrenta el dilema de continuar cerrándose al mundo, confiando exclusivamente en aliados ideológicos, o se ve obligado a revisar su postura para reconstruir relaciones con actores clave y otras democracias regionales. Sin estos cambios, Nicaragua corre el riesgo de profundizar su aislamiento político y económico, afectando aún más a su población.
Suiza Extiende Sanciones Contra el Sandinismo
El Gobierno de Suiza ha decidido renovar las sanciones impuestas desde 2020 contra altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega, incluidos Rosario Murillo, tres de sus hijos, y 17 colaboradores clave, además de tres instituciones estatales: la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). Estas medidas buscan presionar al gobierno nicaragüense por sus graves violaciones a los derechos humanos, el debilitamiento del Estado de Derecho y de la democracia.
Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de entrada o tránsito en territorio suizo para los implicados.
El contexto de estas medidas refleja la postura de Suiza con los principios de derechos humanos defendidos por la Unión Europea, que también ha sancionado a actores clave del régimen nicaragüense. Según la Secretaría de Estado de Economía suiza, estas acciones buscan mantener la presión internacional ante la falta de avances democráticos en el país.
Estas sanciones son un recordatorio de la importancia de la presión internacional para enfrentar regímenes que vulneran principios fundamentales. Estas medidas envían un mensaje claro de que la comunidad internacional no tolerará la impunidad. Es crucial, que las sanciones se acompañen de esfuerzos diplomáticos y apoyo a la sociedad civil nicaragüense, que enfrenta una represión constante.
Nicaragua refuerza el Control Digital con la nueva Ley General de Telecomunicaciones
La Asamblea Nacional aprobó el pasado 31 de octubre una nueva Ley de Telecomunicaciones Convergentes, que otorga mayores facultades al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) para supervisar y controlar los servicios de telecomunicaciones y plataformas digitales. Esa Ley ha generado críticas por los riesgos de vigilancia masiva, censura y discriminación contra proveedores independientes, además de ser visto como un instrumento recaudatorio para el régimen de Daniel Ortega.
La ley incluye disposiciones que obligan a los operadores a suministrar información detallada, incluso sin requerir autorización judicial previa. Según analistas, esto podría facilitar la creación de perfiles de ciudadanos, especialmente empleados estatales, para detectar posibles opositores al régimen. Además, se establece la renovación obligatoria de todas las licencias de operación en un plazo de seis meses, lo que permitiría al gobierno decidir arbitrariamente a quién se les renueva, afectando particularmente a medios no afines al gobierno.
Otra preocupación es el papel de Telcor, ya señalado por la oposición como un “centro de espionaje” que utiliza infraestructura de telecomunicaciones para monitorear comunicaciones y lanzar campañas de desinformación en redes sociales. Además, Nicaragua podría estar siguiendo modelos de control digital utilizados en China y Rusia, donde estas tecnologías avanzadas se han utilizado para censurar y restringir el acceso a información.
Esta ley también tiene un componente económico, exigir pagos por las licencias, lo que generará ingresos significativos para el régimen. Sin embargo, las consecuencias más preocupantes radican en la consolidación de un entorno digital restrictivo, que amenaza derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a información.
Esta ley representa un paso más hacia el desgaste de la libertad en Nicaragua, reforzando el autoritarismo. Lo cual podría sofocar aún más la disidencia y aislar a los nicaragüenses del resto del mundo. El escenario plantea enormes retos para la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos, que deberán duplicar esfuerzos para proteger el derecho de los ciudadanos nicaragüenses a una comunicación libre y segura.
